El Gobierno de Galicia aprobó una modificación del decreto que regula el acceso a la historia clínica electrónica, por ende, los centros sociosanitarios públicos y concertados podrán acceder al historial de sus usuarios.
Según comentó el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, desde agosto se está realizando una prueba piloto de esta integración asistencial con resultados muy favorables en la residencia Volta do Castro.
El decreto actualizado estipula, también, la regulación del acceso que tendrán los trabajadores sociales del Servicio Gallego de Salud (Servizo Galego de Saúde) a la HCE. En este sentido, los profesionales sanitarios podrán registrar su actividad en los epígrafes relacionados a aspectos sociales y sociosanitarios en la historia clínica electrónica de los pacientes.
De todos modos, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios, la normativa establece: “El acceso a la historia clínica obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos”.
Sin embargo, plantea que para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las Administraciones sanitarias podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública.
Implementan el “Plan Trabe” para optimizar las TIC en los servicios sociales de salud
Alberto Núñez Feijóo anunció que, mediante el “Plan Trabe”, invertirán alrededor de 8 millones de euros para la modernización tecnológica de los servicios sociales, con el fin de aumentar y mejorar la cobertura y calidad asistencial.
El objetivo del proyecto se basa en establecer una plataforma de teleasistencia social que favorezca la permanencia de los usuarios en el hogar. Para tal fin, se creará un software integrado de intercambio de información entre los sistemas sociosanitarios y las administraciones local y autonómica.
Este servicio permitirá predecir necesidades y desarrollar políticas de prevención, así como apostar a la atención individualizada y a la autonomía de las personas que vivan en sus hogares (por ejemplo, con el proyecto de la monitorización constante).
Con la optimización e integración de las TIC, la Junta pretende ahorrar anualmente alrededor de 30 millones de euros en los servicios sanitarios y de 4 millones en los servicios sociales.
Fuentes: Europa Press y Federación FAISS
